Descuidada, olvidada e insegura. Esa es la situación que enfrenta el Canal Seco, la moderna vía a cuatro carriles que se presentó como una solución logística, pero que ahora se ha convertido en una carga de 200 millones de lempiras al año para el Estado.
El problema con la carretera, que aún mantiene buenas condiciones viales en varios tramos, radica en un limbo legal: desde 2021 debía pasar a la administración de la empresa Concesionaria Vial de Honduras (Covi-H), para establecer un sistema de peaje similar al implementado en la CA-5 Norte.
Pero Covi no ha recepcionado formalmente la vía para su manejo y, por ende, tampoco ha invertido un lempira en su mantenimiento. Sin embargo, exige el pago de al menos 1,000 millones de lempiras, ya que el contrato de confección estipula un Ingreso Mínimo Garantizado (Imag) como compensación monetaria mientras no administre el corredor.
En enero pasado los 100.49 kilómetros de pavimento a cuatro carriles que cruzan los departamentos de Valle, La Paz y Comayagua, y constató daños en el pavimento, basura, señales destruidas y cubiertas por la maleza, así como la formación de enormes basureros.
Concesión estancada
El Canal Seco forma parte de la concesión del Corredor Logístico, es decir, de la carretera CA-5 Norte que maneja Covi, donde se instalaron tres casetas de peaje para asegurar el mantenimiento permanente de la vía.
No obstante, en los últimos años se ha generado un conflicto entre el concedente -en este caso la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)- y Covi Honduras, ambas bajo la vigilancia de la Superintendencia de la Alianza Público-Privada (SAPP).
Covi no tiene ningún interés en cargar con una carretera con una sola caseta de peaje que cuesta cuatro veces más que una -caseta- para el paso de vehículos livianos«
El contrato de concesión establece que el Canal Seco debe ser manejado por Covi Honduras, que será responsable del mantenimiento periódico de esa carretera y, como esquema de financiamiento, instalará una única caseta de peaje en el sector de Lamaní, Comayagua.
Pero ninguna de estas disposiciones se ha materializado. La obra debió entregarse desde 2014, cuando comenzó a operar la concesión; sin embargo, el Estado incumplió debido a la tardanza en la construcción, que se extendió por alrededor de 14 años. Formalmente, Honduras inauguró el Canal Seco el 22 de enero de 2022, bajo la administración del expresidente Juan Orlando Hernández.
La vía conecta Goascorán, Valle -al sur de Honduras-, con Villa de San Antonio, Comayagua -en la región central-, con una longitud de 100.49 kilómetros, divididos en dos secciones: Villa de San Antonio-El Quebrachal, con 46.58 kilómetros, y El Quebrachal-Goascorán, con 53.91 kilómetros.
Según la SAPP, estos tramos están pendientes de recepción por parte del concesionario para ser integrados a la concesión y entrar en mantenimiento rutinario y periódico, junto con la instalación de una caseta de peaje.
Covi, sin interés
Antes de dejar su cargo, el extitular de la SIT, Octavio Pineda, declaró a este medio que Covi Honduras no ha querido recibir el Canal Seco, debido a que no tiene el flujo de usuarios que se contempló cuando se adjudicó el contrato de concesión.
Pineda afirmó que la empresa ecuatoriana habría planteado que los usuarios no la utilizarían y, por lo tanto, no la recibirían por su baja rentabilidad.
En un recorrido realizado por el canal seco se constató que el flujo vehicular es bajo. No se puede comparar en ninguna medida con la CA-5 Norte. El tránsito es bastante reducido.
“El Canal Seco ellos (Covi) no lo quieren recibir, no es que nosotros no lo queremos entregar, es que ellos no lo quieren recibir, porque no tiene el flujo de usuarios según lo que se había contemplado desde aquel momento de los gobiernos anteriores”, explicó el exministro de la SIT.
“Entonces, Covi no tiene ningún interés en cargar con una carretera con una sola caseta de peaje que cuesta cuatro veces más que una -caseta- para el paso de vehículos livianos”, expresó Pineda.
Pineda reafirmó que el concesionario debe asumir la administración y el mantenimiento de esa arteria vial, “pero ellos no quieren, ellos lo que aducen es que hace falta ciertas cosas y después cuando volvemos -otra vez- dicen que hacen falta ciertas cosas”.
“Entonces estamos con ese vaivén, pero la verdad es que no lo quieren”, insistió el entonces funcionario, mientras el Estado se ve obligado a pagar la compensación a la concesionaria, es decir, los ingresos que dejan de percibir por no cobrar peaje en esta vía.
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