El Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de EE. UU. ha ordenado formalmente al secretario de Estado, Marco Rubio, diseñar y entregar una estrategia oficial para apoyar la transición democrática en Nicaragua. La medida legislativa, integrada en el informe del proyecto de ley de asignaciones para el año fiscal 2027, concede un plazo estricto de 90 días para la rendición de cuentas tras la promulgación de la ley.
La disposición surge en respuesta directa a la consolidación de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los legisladores estadounidenses exigen detallar un plan estratégico enfocado en las siguientes directrices clave:
- Restitución de derechos: Recuperación de las libertades públicas, derechos humanos fundamentales y el restablecimiento de instituciones independientes.
- Libertad religiosa: Protección y cese de la persecución contra la Iglesia Católica y los espacios civiles.
- Seguridad hemisférica: Acciones diplomáticas destinadas a frenar la influencia política, económica y de seguridad de potencias autoritarias extranjeras, citando explícitamente a la República Popular China y a Irán.
- Proceso electoral legítimo: Sentar las bases necesarias para celebrar elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, rechazando los simulacros electorales implementados por el régimen nicaragüense.
Esta medida legislativa se integra en el marco de las recientes reformas constitucionales en Nicaragua, las cuales buscan ampliar el mandato presidencial y prohibir formalmente la participación de los partidos de oposición. Ante este escenario, la administración estadounidense y el Congreso buscan coordinar con socios internacionales, como la OEA, para cortar el comercio y aumentar la presión coercitiva directa contra la dictadura nicaragüense.
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